Es a través de la política exterior que un país demuestra lo que realmente es frente al concierto de naciones y de las organizaciones internacionales.

Desde mi punto de vista el mayor reto que debe enfrentar una nación como la dominicana es el fortalecimiento de sus instituciones, comenzando por las públicas. Más que la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, etc., es la debilidad institucional lo que urge atender hoy en día, junto a las medidas encaminadas a reducir esas problemáticas.

Las grandes debilidades institucionales del Estado se manifiestan en todas las dimensiones: la normativa, la estructural, la instrumental, y fundamentalmente la humana. Esto se traduce ante los ojos de la gente, a veces como inoperancia, como deficiencia, como indiferencia, como abuso de poder o como corrupción.  Dichas falencias se pueden identificar en la conducta de un obrero, de un capataz, de una secretaria, de un técnico, de un director, de un legislador, de un magistrado o de un ministro.

Por lo tanto, la superación de estas debilidades no depende sólo de la disponibilidad de recursos, sino también de la asunción de valores, principios y de vocación de servicio. En tal sentido, todo análisis sobre el problema institucional en República Dominicana debe abordar la cuestión de la ética en el servicio público, más allá de los asuntos normativos, estructurales e instrumentales.

Ahora bien, la experiencia en diversas instituciones del Estado me ha demostrado que la ética en la gestión pública trasciende a lo estrictamente moral. Hoy en día ya no es suficiente contar con personas cargadas de principios y valores morales en el servicio público. Por lo menos, en un Estado Moderno ya eso no es suficiente. Es indispensable contar con personas que, además de morales, tengan vocación de servicio y compromiso con el bien público. Aquí radica la ética del servidor público. En otras palabras, ya no es satisfactorio para la población dominicana contar con instituciones públicas y servidores públicos transparentes y serios, se espera que además sean eficientes y efectivos en las funciones que ejercen.

Porque ya no basta que la actuación del Estado sea solamente legal, la sociedad   además espera que sea legítima. Es decir, que dicha práctica genere confianza en la colectividad. De esto se deriva que en la actualidad la cohesión de las sociedades se mida por la madurez del Capital Social que experimenten, es decir, por el grado de confianza en las instituciones, entre otras variables. En tal sentido, partimos del convencimiento de que es precisamente la Ética en el Servicio Público, la piedra angular de la legitimidad de la actuación del Estado, como expresión de fortaleza institucional.

En las últimas dos décadas, el Estado dominicano se ha ido reformando y modernizando con la transformación progresiva de su marco jurídico. Hemos visto nuevas leyes en los ámbitos de la gestión financiera pública, de la contabilidad gubernamental, de las compras y contrataciones, del control interno, de la transparencia institucional, de la función pública, de la administración central, de los gobiernos locales, de la participación social, de la administración de la justicia, del control sobre la actuación pública, entre otros aspectos de operación del Estado. Este proceso fue coronado con la reforma constitucional de enero de 2010 que confirió un carácter más integral a la nueva visión sobre el Estado dominicano.

En ese proceso de reforma se han invertido grandes recursos, no solamente financie-ros, sino también humanos. La cooperación internacional ha realizado un aporte subs-tancialmente, facilitando asistencia presupuestaria y técnica, las instituciones nacionales han invertido parte de sus presupuestos y tiempo de su personal técnico en la ruta de la modernización. Es decir, que posiblemente nos queda poco por transformar y reformar en el ámbito de la estructura jurídica del accionar oficial. Pero resulta que aun la población no percibe una transformación real del Estado a la hora de procurar sus servicios y acciones para solucionar las necesidades cotidianas. Aun la sociedad no logra desarrollar un nivel satisfactorio de confianza en las instituciones públicas.

La explicación puede estar en que no es suficiente contar con un marco jurídico moderno para operar como un Estado eficiente. Se hace necesario que la transformación se materialice al interno de las estructuras institucionales y al interior del servidor público. Se hace indispensable que sigamos insistiendo en el cambio del entramado orgánico de las entidades públicas para mayor adecuación a los nuevos tiempos, en el cambio de los procedimientos y los mecanismos de dotación de servicios para mayor eficiencia, en el mejoramiento de las condiciones laborales del servidor público para dignificar su trabajo, y en el cambio de su actitud y comportamiento ante la responsabilidad que tiene frente a las necesidades y requerimientos de la población.

Por esta razón, en el gobierno que encabeza el Presidente Danilo Medina se han estado realizando grandes esfuerzos por fortalecer las instituciones públicas y hacer más transparente su gestión. Medidas como la restricción del gasto público desde el inicio de su gestión, puesta en operación de la cuenta única y fortalecimiento de los mecanismos de control interno, democratización de las compras y contrataciones públicas, establecimiento de las comisiones de veeduría en las diversas instituciones oficiales con la participación de la sociedad civil, mejoramiento de los portales digitales públicos, creación de múltiples comisiones mixtas para el manejo de políticas públicas con el sector privado y encuentros cotidianos cara a cara del presidente con la población, entre otras tantas iniciativas, han permitido avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional.

Sin embargo, aun nos falta mucho por hacer, en la ruta de instauración de un Estado verdaderamente moral y ético, realmente legal y legítimo a la vez. Esto amerita de la suma de muchas voluntades, de propósitos compartidos, de actuaciones colectivas por parte de los partidos políticos, de las entidades empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las entidades religiosas, de las academias, de la sociedad en conjunto.

Estoy convencido de que el Estado mismo, es decir, los que de una u otra forma estamos en la conducción del Estado, somos los principales responsables de que avancemos o retrocedamos en la construcción de un nuevo estadio de desarrollo institucional. Pero igualmente, estoy convencido de que no es una tarea solo de los políticos y de los servidores públicos, sino también de todos los actores de incidencia social. En tal sentido, debemos seguir auspiciando los mecanismos de participación ciudadana, debemos seguir facilitando el involucramiento de los sectores sociales comprometidos con una mayor y mejor institucionalidad. Pues hoy en día un Estado fuerte no es aquel que se impone ante los ciudadanos, más bien es aquel capaz de integrar a la ciudadanía en la ejecución de las políticas públicas y que, a la vez, es capaz de integrarse a las iniciativas ciudadanas de desarrollo.

Esta apuesta al fortalecimiento institucional para una gestión pública más ética, tiene un carácter estratégico para el desarrollo de la República Dominicana, si tomamos en cuenta que nos insertamos en un mundo cada vez más globalizado, en el cual la interdependencia de las Naciones es predominante, y las tecnologías de la información y la comunicación han acortado el tiempo y el espacio. El desarrollo de un país está muy condicionado por su posicionamiento en el contexto internacional. Por eso al analizar el impacto negativo que puede tener la debilidad institucional del Estado, no solo debe enfocarse el ámbito interno de la sociedad que dirige, sino también el contexto regional y global donde se desenvuelve.

Desde esa óptica, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde un papel importante, no solo como parte orgánica del Estado dominicano, sino también como instrumento ejecutor de un Política Exterior donde deben expresarse los intereses más puros de la sociedad en su conjunto. Así pues, que a la hora de ejercer dicha política, entendida esta como el curso de actuación frente al contexto internacional, mediante relaciones bilaterales y multilaterales, nos damos cuenta lo vital que resulta hacerlo con un sentido auténticamente ético. Más si reconocemos que la Política Exterior debe lograr la conexión efectiva entre la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país con el resto del mundo.

Resulta que cuando el Estado se muestra débil ante las demás naciones y entidades internacionales, es decir, carenciado de ética institucional a través de su política exterior, no solo daña su imagen frente al mundo, sino también la de la sociedad misma y la de sus nacionales. Por esto, a diferencia de otras entidades publicas, cuyo rol se limita en gran medida a asuntos internos del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un doble reto: fortalecer su institucionalidad ética para ganarse la confianza de la sociedad dominicana, y a la vez para lograr que la República Dominicana  alcance el mayor respeto posible ante la comunidad internacional.

Lamentablemente, la imagen – país para muchos es entendida como asunto de simple marketing internacional, sin embargo la realidad nos ha mostrado de forma implacable que cuando se trata de una Nación, la imagen es, más que forma, fundamentalmente contenido. Y el contenido de un país se construye con su historia, su cultura, su economía, sus recursos naturales, su capital social, su forma de organización, en fin, sus instituciones como expresión de la condensación de voluntades colectivas y de propósitos societales.

Es a través de la política exterior que un país demuestra lo que realmente es frente al concierto de naciones y de las organizaciones internacionales; es a través de su política exterior que un país gana o pierde confianza ante el mundo. De lo anterior, pues, se entiende lo medular que es contar con un servicio exterior realmente ético, es decir, además de moral verdaderamente efectivo. Esto impacta en la autoridad política del país, en el dinamismo del intercambio comercial, en la afluencia de inversión, en la calidad de la cooperación, en la capacidad de diálogo transnacional, es decir, en el posicionamiento de una nación ante el mundo.

Por esto, el sentido de la ética en la gestión pública permea todo el contenido de la nueva política exterior de la República Dominicana. Lograr esto en la práctica es un proceso que requerirá de tiempo, de voluntad política, de inversión de recursos, de concientización y profesionalización del personal diplomático y administrativo, de la articulación estrecha con las demás entidades y estamentos del Estado, de la integración de los sujetos sociales al ejercicio de la diplomacia, y del involucramiento de la Cancillería en las problemáticas nacionales. Esto es lo que le da sentido a todo el empeño del Presidente Danilo Medina por un Estado más moral y ético, y desde sus directrices hemos asumido en compromiso de la transformación de la diplomacia dominicana.

El hecho de que en el Ministerio de Relaciones Exteriores estemos desarrollando procesos paralelos para una Nueva Institucionalidad, en el marco jurídico, en el estructu-ral, en el instrumental y en el humano, es reflejo de esa voluntad política del Presidente Medina. Estamos respondiendo progresivamente al clamor de una sociedad que demanda de una transformación profunda en el comportamiento de los políticos y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Estamos construyendo colectivamente una  Diplomacia Ética, en tanto política pública, que sea efectiva en la procura de un desarrollo sostenible de la Nación dominicana.