Por Andrés Navarro

EL Consejo Nacional de Educación bombardeó al Sistema Educativo dominicano el pasado 11 de septiembre. Precisamente el día en el cual la humanidad recuerda los atentados del 2001 en Estados Unidos. Dicho organismo determinó dejar sin efecto la Ordenanza No. 24-2017 que instituyó un concurso para la designación por méritos profesionales de los directores de Regiones y Distritos educativos. Con esa decisión el Consejo autorizó al Ministro de Educación destituir a los actuales directores para designar sin ningún tipo de concurso a nuevos incumbentes. A todas luces, con el efecto retroactivo de esta decisión, se desconocerán derechos legal y legítimamente adquiridos. Para toda persona con sentido común está claro lo que pasará en próximamente en el sistema educativo, ya en crisis por el COVID-19. 

Reforma Institucional del Sistema Educativo

En múltiples oportunidades he manifestado el convencimiento de que el principal problema a superar en República Dominicana es el de la debilidad institucional. Dicha falencia caracteriza a los diversos sectores de la vida nacional, especialmente en el ámbito del Estado. Esa es la razón que nos ha llevado a priorizar la reforma institucional en toda entidad que hemos gestionado. Pudimos trabajar en esa dirección en el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) desde el 2005 hasta el 2008. Posteriormente, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional impulsamos un Plan de Gestión para Resultados auspiciado por el BID (2013). Lo mismo hicimos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con el Plan de Desarrollo Institucional (2014). Luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Plan Estratégico de Desarrollo (2015).

Como parte de esta cruzada por la institucionalidad iniciamos una reforma del Ministerio de Educación desde finales del 2016 hasta principios del 2019. En ese sentido, nos propusimos transformar la gestión del sistema educativo, respondiendo a la gran apuesta de la sociedad en la mejora de la educación. Dicho esfuerzo era coherente con la alta prioridad quer el presidente Danilo Medina daba a la inversión del 4% del PIB para la educación. Esto nos llevó a preparar un Plan de Reforma y Modernización Institucional para la Calidad Educativa (PREMICE) con tres componentes generales: Gestión Financiera y Administrativa; Gestión Escolar Descentralizada y Gestión de la Calidad Educativa. 

El Concurso para Direcciones Regionales y Distritales

En ese marco, desarrollamos un sistema de concurso para la designación de titulares en las regiones y distritos educativos. En efecto, los 18 Directores Regionales y 122 Directores Distritales del sistema educativo fueron seleccionados mediante un proceso competitivo basado en el mérito profesional. Dicho concurso, realizado entre el 2017 y el 2018, se apegó rigurasamente a la ley 66-97 de Educación y a la Ordenanza No. 24-201 del Consejo Nacional de Educación. Partiendo del hecho de que la ley asigna al Ministro de Educación la facultad de designar a tales funcionarios, tanto en el artículo No. 109 como en el No. 115, lo que se logró con la ordenanza fue el establecimiento de un procedimiento transparente.

Para conferir una mayor rigor a la designación de estos 140 directores, reivindicando la meritocracia, sometimos un reglamento ante el Consejo Nacional de Educación. Con la precitada Ordenanza 24-201 se oficializó el reglamento que permitió convocar más de 25 mil docentes para competir por sus méritos profesionales. De estos, aplicaron aproximadamente 3,000 docentes para someterse a un sistema altamente riguroso de evaluación de perfil profesional, conocimientos, y competencias. El resultado de dicha evaluación fue la selección de tres docentes para cada una de las 140 posiciones. De las ternas presentadas designamos a cada uno de los actuales directores regionales y distritales desde mediados de 2018 para un periodo de cinco años.

Un Ejemplo de Meritocracia en el Sistema Educativo

A partir de este hito en los procedimientos de designación de funcionarios administrativos, se dio un paso de avance en la institucionalidad del Sistema Educativo. Ese proceso competitivo garantizó la valoración del mérito profesional y la igualdad de oportunidades entre todos los docentes que cumplían con los requerimientos. Lo anterior quedó evidenciado al lograr la paridad de género con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. De la totalidad de los designados el 7% contaba con especialidades, el 69% había obtenido el grado de maestría y el 2% el de doctorado. Por otra parte, el 5% ejercían como directores de Distritos y el 37% eran directores o subdirectores de centros educativos. Así mismo, el 31% eran técnicos docentes, el 24% maestros de aula y el 3% orientadores, como muestra representativa de las funciones docentes del sistema.  

Todo este proceso de diseño y ejecución del proceso competitivo, con el riguroso procedimiento de evaluación de los aplicantes, quedó envestido de total transparencia. La misma se logró con la participación y el apoyo del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administración Pública y el Consejo Económico Social. Igualmente, participaron entidades como la Fundación INICIA Educación y la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), representante del Comité de Veeduría del Pacto Educativo. Otros sectores que apoyaron el proceso de convocatoria fueron instituciones de educación superior, organizaciones religiosas y ONGs vinculadas al sistema educativa. 

El Lastre de la Intermitencia en las Políticas Públicas

La trayectoria que hemos desarrollado por una institucionalidad que haga al Estado más transparente, eficiente y participativo nos ha dejado muchas lecciones. Una de ellas nos muestra que los procesos de fortalecimiento institucional sólo son efectivos si tienen continuidad al través de las diferentes administraciones. Lamentablemente, hemos sido testigos de numerosos procesos de reforma institucional truncados o desviados por el cambio de administrador o de administración. Lo anterior siempre ha generado un triste retroceso en los avances alcanzados. Precisamente, uno de los flagelos del Estado dominicano, en el marco de la democracia, ha sido la intermitencia de las políticas públicas. Una lógica de avances y retrocesos que ha consumido recursos, talentos y voluntades en grado extremo. 

La decisión del Consejo Nacional de Educación del 11 de septiembre, resultante del cambio de administración, representa una historia repetida de retroceso en la institucionalidad. Los directores regionales y distritales del Sistema Educativo, que llegaron a esa posición por concurso, serán víctimas de desconocimiento de derechos adquiridos como servidores públicos. Sin embargo, ellos y ellas son la más fiel expresión de la meritocracia, tanto en el Ministerio de Educación como en el Estado mismo.  Muy pronto, gran parte del Consejo Nacional de Educación descubrirá el grave error en el que incurrió al bombardear la institucionalidad del sistema educativo.