El proceso de reforma y modernización del Estado dominicano ha sufrido altas y bajas, con momentos de dinamismo, con momentos de letargo. En los últimos 5 años, gracias a la cooperación de la Unión Europea, la República Dominicana ha recibido más de 30 millones de euros, bajo la modalidad de donación, para impulsar el proceso señalado mediante el Programa de Apoyo a la Reforma y

Modernización del Estado (PARME).

Ese aporte de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) representa un hito en la historia de la cooperación internacional en la República Dominicana, no sólo por el monto envuelto, sino también por los objetivos que se persiguen con su inversión. En efecto, a diferencia del gran porcentaje de fondos de donación que llegan al país, dedicados fundamentalmente a la superación de problemas sociales y/o económicos, los fondos FED destinados al PARME procuran fortalecer las instituciones del Estado en el ámbito de la Justicia, de la Administración Pública y de las Municipalidades.

Dichos fondos han representado una excelente oportunidad aprovechada por el Estado dominicano para establecer los mecanismos de sostenibilidad del proceso de reforma y modernización que viene desarrollándose en la República Dominicana desde hace unos diez años. En tal sentido, es preciso resaltar algunas de las enseñanzas que la experiencia del PARME ha arrojado en sus cinco años de ejecución.

En primer lugar, el proceso desarrollado ha mostrado en numerosas oportunidades que las acciones reformadoras han tenido sus mejores resultados allí donde la “Reforma y Modernización” se ha asumido como un valor, es decir como un principio institucional que marca la actuación de determinadas entidades públicas. Esta perspectiva ha hecho de esas instituciones, y sus funcionarios, los referentes permanentes de las transformaciones en el Estado dominicano.

Entender la reforma como valor representa, en cierto modo, un cambio en la cultura organizacional de la gestión pública, pues implica la generación de un nuevo enfoque tanto gerencial como político. Ahora bien, esta perspectiva no ha surgido de un momento a otro, muy por el contrario ha implicado una interiorización progresiva del significado de la reforma y modernización de las instituciones a través de múltiples acciones y proyectos.

Pero si es cierto que cada vez son más los ejemplos de instituciones y funcionarios que asumen la Reforma como un valor, no es menos cierto que aún es largo el camino por recorrer en este sentido, frente a la diversidad de sujetos institucionales y a las diferentes instancias jerárquicas. Pues el reto mayor es que dicho valor o principio institucional, real y efectivamente, se traduzca en un Estado cada vez más responsable y eficiente ante la ciudadanía, haciendo del proceso reformador un hecho tangible en la cotidianidad de los y las dominicanas.

En segundo lugar, la experiencia en el PARME ha dejado en claro que la Reforma y Modernización del Estado debe ser entendida como un proceso continuo de desarrollo institucional, y no como un simple conjunto de proyectos a ejecutar con ciertos recursos en un periodo determinado. Por esa razón debe darse una importancia vital a todas las medidas y mecanismos que confieran un carácter de sostenibilidad al proceso reformador, bajo el entendido que el Estado, al igual que la sociedad misma, es perfectible.

Por lo anterior, se requiere de un enfoque estratégico en el desarrollo organizacional de las diversas instancias del Estado, transcendiendo a la búsqueda de soluciones de los problemas inmediatos. En tal sentido se ha podido entender que dimensiones como la jurídico – estructural, la administrativo – funcional, la económico – financiera, y la humana son claves a la hora de apuntalar un adecuado proceso de reforma y modernización.

En estos cinco años de implantación del PARME, como programa, son múltiples las historias y testimonios que muestran el potencial existente en la República Dominicana para continuar con un proceso sostenido de reforma y modernización del Estado. Es el caso de la experiencia desarrollada por una diversidad de ayuntamientos en materia de modernización en la gestión financiera, en la articulación y participación social, en la organización y capacitación del personal, y en la inversión de capital; es el caso de los avances en la administración pública en materia del servicio civil y la carrera administrativa, en la atención a la ciudadanía, en el acceso a la información, en la eficiencia y calidad de servicios, y en la estructura orgánica del Estado; y es el caso del sector justicia en materia de sistema penitenciario, de ministerio público, de formación de jueces y defensores, y de articulación de la sociedad civil.

Sin embargo, ante tantos avances que se pueden mostrar, sería un error pensar que los procesos de desarrollo institucional impulsados hasta el momento son irreversibles. Esta sobre estimación, en algunos casos, ha generado una actitud de conformidad y de descuido, la cual se ha convertido en uno de los principales obstáculos al proceso de Reforma y Modernización. Muy por el contrario la experiencia indica que aunque los avances son apreciables, es indispensable continuar fortaleciendo el nivel de institucionalidad del Estado allí donde se ha iniciado, y crear las condiciones básicas para iniciar los cambios en aquellos sectores más rezagados.

Como valor la reforma y modernización del Estado debe seguir siendo transmitida a todo el funcionariado público, e incluso a toda la ciudadanía; como proceso estratégico debe seguir siendo desarrollado a todos los niveles y en todos los sectores de la gestión pública. En otras palabras, podría decirse que una de las principales lecciones aprendidas ha sido el entender que el desarrollo institucional del Estado debe ser un proceso de reforma y modernización permanente.