La autonomía de la ciudad de Santo Domingo está rodeada de mentiras y medias verdades que la hacen ser un cuento urbano más, entre otros tantos. Estos cuentos no están referidos a narrativas literarias, sino a realidades que ameritan acciones urgentes. En el argot popular, un “cuento” es un argumento falso que sirve de excusa para justificar una situación. En este caso, abordo algunos ámbitos de la gestión urbana que han terminado siendo un “cuento” en República Dominicana.
Me refiero a las finanzas, a la dotación de servicios, a la ejecución de obras y a la autonomía municipal. Cuatro ámbitos condicionados por el marco legal, el contexto territorial y la cultura ciudadana. Aunque los mismos están presentes en todas las ciudades del país, en Santo Domingo son más complejos. En tal sentido, la actuación urgente debe ser en la ciudad capital. Tal experiencia podría convertirse en referente para la gestión urbana en todo el territorio nacional.
El cuento de las finanzas municipales.
La legislación es generosa al establecer responsabilidades a los gobiernos locales, pero es vergonzosamente mezquina al fijar su régimen fiscal. En efecto, la ley 176-7 sobre el Distrito Nacional y los Municipios les otorga un amplio marco de competencias. Sin embargo, los mecanismos de ingresos financieros adolecen de debilidad práctica. La única fuente de recursos, “aparentemente sólida”, es la transferencia de fondos nacionales a los gobiernos locales.
Tales transferencias están reguladas por la ley 166-03, plagada de sesgos y falacias. Por un lado, se establece el 10% de los ingresos nacionales no especializados para distribuir entre los ayuntamientos, pero nunca se ha alcanzado un 4%. Por otra parte, se asume el número de habitantes para determinar la proporción a recibir por cada municipalidad, sin considerar la población flotante en las ciudades donde es predominante, como es el caso de Santo Domingo.
El cuento de los servicios urbanos.
En la legislación dominicana queda evidenciado el predominio de los servicios en las atribuciones municipales. Servicios administrativos, comerciales, de seguridad, de saneamiento, entre otros, representan más del 80% de las competencias propias de los ayuntamientos. Sin embargo, en la estructura presupuestaria establecida en la ley 176-07, los servicios son subestimados. En efecto, en su artículo No. 21, la ley obliga que el gasto en servicios no supere el 31% de los ingresos.
Resulta que, en la cultura política dominicana, los servicios no son suficientemente valorados. Sin embargo, el desarrollo urbano se fundamenta más en la calidad de los servicios que en el esplendor de las obras de una ciudad. No es casual que, en el 2021, Santo Domingo consumió más del 50% de su presupuesto en servicios, según informe del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Este distanciamiento entre ley y realidad obliga a una ilegalidad perenne en la gestión de las ciudades.
El cuento de las obras locales.
Parece que las obras son insoportablemente seductoras, ante las cuales sucumben gobernantes y ciudadanos. A fin de cuentas, los servicios son intangibles, mientras que las obras son concretas y se les toman fotos. En el imaginario colectivo, si los servicios funcionan bien no se valoran, solo si son deficientes se tornan importantes. Posiblemente, esa es la razón por la cual el legislador le confirió el mayor porcentaje del gasto municipal a las obras, con un mínimo de 40%.
Sin embargo, en las grandes ciudades la magnitud de los servicios limita la capacidad de inversión en obras. En efecto, en Santo Domingo la inversión en obras fue menor al 5% en 2021, contrario a la ley. Esto está ocurriendo en las grandes ciudades, en mayor o menor escala, desde que se estableció la estructura del gasto en la ley 176-07. Por funciones, los ayuntamientos aparecen como entidades de servicios, mientras que por presupuesto aparecen como agencias constructoras.
La Autonomía, el cuento de nunca acabar.
La autonomía municipal dominicana ha terminado siendo un “cuento”. La misma es una retórica de la descentralización del Estado, más que en una estrategia de desarrollo nacional. La Constitución de la República y la ley 176-07, al tiempo que confieren amplias competencias a los ayuntamientos, estrangulan su fiscalidad. Por eso, en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha desmantelado diversas fuentes de recursos propios en Santo Domingo y otras ciudades.
Eso evidencia la necesidad urgente de un nuevo marco legal de la autonomía local. Me refiero concretamente a: a) Cambios al Capítulo II de la Constitución, sobre la Administración Local; b) Mejora del proyecto de ley orgánica de la administración local, actualmente en el Congreso; y c) Iniciativa de Ley de Capitalidad para Santo Domingo. Pues, para que la autonomía del Distrito Nacional y los municipios deje de ser un “cuento”, hay que comenzar por los fondos propios.